ÁVILA,
5 de marzo de 2015
Cuando se ha vulnerado flagrantemente la legalidad, perjudicando
gravísimamente a miles de ganaderos, no cabe la más mínima duda: Hay que
ponerse al lado de las víctimas y no de los culpables.
A TRAVÉS DE LAS MALAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES DESARROLLADAS DURANTE LOS
ÚLTIMOS DIEZ AÑOS, LAS INDUSTRIAS LÁCTEAS SANCIONADAS HABRÍAN “SUSTRAÍDO” A LOS
GANADEROS DE CASTILLA Y LEÓN EN TORNO A 320 MILLONES DE EUROS. ESTE DINERO DEBERÁ REVERTIR EN LOS GANADEROS.
La ALIANZA UPA-COAG DE ÁVILA considera lamentables y totalmente inaceptables las valoraciones
realizadas por la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, en relación
a la multa de 88,2 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de
Mercados y la Competencia a once empresas lácteas por prácticas ilegales y
pactar precios.
García Tejerina dijo ayer sentirse “preocupada” por cómo afectará esta
multa a la viabilidad de las empresas sancionadas. A este respecto, desde la
Alianza UPA-COAG le recordamos que la multa, si finalmente llega a
materializarse y no se reduce tras las reclamaciones judiciales que ya han
anunciado las empresas, sólo representa un 10 % de lo que la propia CNMC estima
que habrían ganado ilícitamente con sus prácticas. Ante este dato, es totalmente inaceptable que la
preocupación de la ministra se dirija hacia las “pobres empresas” y no hacia
los miles de ganaderos afectados, muchos de los cuales ya no están en el sector
por los ruinosos precios que las industrias denunciadas pactaban por la leche.
Desde la Alianza UPA-COAG le recordamos a la ministra que está muy claro
que en este caso ha habido quien utilizando prácticas prohibidas ha obtenido
pingües beneficios a costa de miles de ganaderos; está muy claro que aquí hay
culpables y hay víctimas, por lo que no cabe otra preocupación que no sea la de
resarcir a las víctimas de los perjuicios causados por los culpables.
Recordemos que el expediente de la CNMC tuvo su inicio a raíz de un
estudio sobre el sector lácteo remitido por el Servicio para la Defensa de la
Competencia de Castilla y León, que decide intervenir a partir de las denuncias
públicas realizadas por la Alianza UPA-COAG contra las prácticas abusivas de
las empresas lácteas.
Según
estimaciones de nuestra organización, en diez años los ganaderos de Castilla y
León habrían dejado de percibir alrededor de 320 millones de euros debido al
pacto de precios entre las empresas ahora sancionadas.
Para la Alianza
UPA-COAG, por una elemental cuestión de justicia, esta ingente cantidad de dinero sustraída a los
productores de leche deberá revertir en los ganaderos como compensación por el
enorme fraude que se ha cometido contra ellos, y como forma de que a las
industrias lácteas que se han enriquecido ilegalmente no les salga
prácticamente gratis tal fechoría.
