Valladolid, 26 de junio
de 2013
Nuestra organización apunta que el acuerdo de reforma
genera incertidumbres preocupantes en sectores como el vacuno de leche y la remolacha,
y penaliza al modelo social y profesional de agricultura y ganadería.
El Consejo, el
Parlamento y la Comisión de la Unión Europea (UE) han logrado esta mañana un
principio de acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que
se aplicará en los próximos siete años (2014-2020).
En una primera
valoración calificamos como muy negativa la reforma aprobada puesto que
penaliza a los profesionales del sector, y al modelo social y profesional de
agricultura y ganadería que es estratégico en nuestra comunidad autónoma.
Además de reducirse el
presupuesto para la PAC y por lo tanto los fondos que llegarán a los estados
miembros, se establece un nuevo sistema de pagos que favorece a los que más
hectáreas tienen y no a los que producen, y se aumentan las obligaciones para
el cobro de las ayudas aplicando un falso `verdeo´ de la PAC.
Otro aspecto que no
compartimos es que se elimina el tope de ayudas por explotación para los
grandes perceptores, favoreciendo una vez más a los que más cobran.
A expensas de conocer
detalladamente los pormenores de dicho acuerdo, hay algunos sectores
productivos importantes en la región como el vacuno de leche o el remolachero
que salen muy perjudicados por la desaparición en los próximos años del sistema
de cupos y cuotas que los regulan.
La nueva reforma también
deja `tocada´ a la ganadería que no tiene base territorial como es la de
Castilla y León, y por lo tanto que no tiene hectáreas para activar las nuevas
ayudas de la PAC. Lejos de tener un tratamiento específico y preferencial la
actividad ganadera vuelve a salir perjudicada.
Por otro lado la
convergencia aprobada es excesiva puesto que se podrá desviar el 30 % de las ayudas de los agricultores y ganaderos
profesionales, y por lo tanto los que genera actividad, empleo y riqueza, hacia
hectáreas no productivas.
Respecto a los pagos
acoplados, LA ALIANZA UPA-COAG siempre se ha posicionado a favor de que los
estados miembros tuvieran máxima capacidad para reservar un porcentaje de
fondos a favor de los sectores más desprotegidos.
Planteamientos de
ayudas similares en un alto porcentaje para todos los sectores, con distintas
rentabilidades y costes de producción, pueden ser positivos en países
centroeuropeos pero en nuestro país, y también en Castilla y León, es
sencillamente injusto y antisocial.
Además consideramos
que la reducción presupuestaria va a traer consigo una pérdida de
competitividad, que sin duda afectará a
los profesionales del sector agrario de nuestro país.
LA ALIANZA UPA-COAG
apunta que lejos de despejarse las incertidumbres, el acuerdo de esta mañana
supone un serio perjuicio para los verdaderos profesionales ATP, puesto que es
injustificable que se impulse políticamente quitar fondos a sectores
competitivos para dárselos a hectáreas improductivas.
También esta primera
valoración que realizamos no es nada positiva en materia de regulación de
mercados, puesto que no se recogen medidas suficientes para actuar en
situaciones extremas de crisis de precios.
LA ALIANZA UPA-COAG
pide que la opción que Consejo, Parlamento y Comisión Europea han dejado a los
estados miembros para actuar dentro de su territorio, permita ahora que el
Magrama corrija estos perjuicios hacia los verdaderos profesionales, escuche
las reivindicaciones de nuestra organización agraria, excluya de cualquier tipo
de ayudas a campos de golf, inmobiliarias y otros perceptores ajenos a la
agricultura y ganadería profesional, y priorice las políticas nacionales sobre
los agricultores y ganaderos a título
principal.
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