Ávila, 4 de octubre de
2013
La pensión media que perciben los jubilados agrarios es
de apenas 660 euros al mes, y el incremento que ha estipulado el Gobierno del
0,25 % es miserable si tenemos en cuenta las previsiones del 1,70 % de inflación el próximo año
La ALIANZA UPA-COAG DE
ÁVILA denuncia que la reforma del sistema de pensiones que ha aprobado el
Gobierno central recientemente va a suponer a cada agricultor y ganadero
jubilado de Ávila una pérdida adquisitiva aproximada a 150 euros el próximo año.
Según las
estimaciones de nuestra organización son alrededor de 4.800 pensionistas
agrarios los que en nuestra provincia forman parte del colectivo de 13.808 autónomos
jubilados en Ávila.
La pensión media que
perciben los agricultores y ganaderos, después de toda una vida dedicada a un
trabajo tan duro como es el agrario, es de apenas 660 euros, un 30 % inferior a
la que perciben como media los pensionistas del régimen general.
En este sentido, los
agricultores y ganaderos son el colectivo más perjudicado por una reforma tan
antisocial como la aprobada días atrás por el Gobierno central sobre las pensiones,
ya que en la actualidad cobran las
jubilaciones más bajas del sistema de la seguridad social.
La decisión adoptada
por el Ejecutivo con su mayoría aplastante se sitúa al margen del Pacto de
Toledo, y es muy dañina puesto que la revalorización de las pensiones supone apenas
un miserable 0,25 % los próximos años, especialmente
insultante si tenemos en cuenta la previsión de inflación que sólo en el
próximo año se estima en un 1,7 %.
Esto supone que
según los cálculos de LA ALIANZA UPA-COAG el Gobierno central se ensañe
especialmente con los más desfavorecidos, el sector agrario, hasta el punto de
castigar su pensión en aproximadamente 150 euros/año/persona, lo que supone
solo en la provincia de Ávila en el año 2014 alrededor de 725.000 euros de pérdida
de poder adquisitivo para el colectivo de pensionistas agrarios.
Nuestra organización
considera un despropósito absoluto la reforma aplicada por el Ejecutivo, puesto
que resulta insolidaria en el momento en que penaliza por igual al jubilado que
cobra 600 euros que al que percibe 3.000 euros.
Con
esta decisión política se agranda aún más la diferencia entre la ciudad y el
pueblo. Los agricultores y ganaderos jubilados ya sufren la penalización de
vivir donde viven; soportan un mayor gasto en los traslados para la gestión de
cualquier trámite, tienen menos posibilidades en la atención sanitaria o carecen
de prestación de servicios asistenciales, por citar sólo tres ejemplos de
agravio comparativo.
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