Valladolid, 20 de enero
de 2014
Nuestra organización exige la aplicación de un riguroso
y objetivo Plan que recoja una política efectiva de indemnizaciones y de
control de la especie.
La
ALIANZA UPA-COAG ha registrado hoy en la Consejería de Medio Ambiente una
batería de alegaciones al proyecto de Decreto para aprobar la modificación del Plan de
Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León por parte del Gobierno
regional.
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La ALIANZA UPA-COAG entiende que el mayor problema actual viene generado por la expansión geográfica
desmedida del lobo y su exponencial incremento poblacional. Esto ha derivado en
un incremento del número de ataques en las explotaciones ganaderas, sin que
la Administración regional haya arbitrado hasta el día de hoy medidas
tendentes a la justa y rápida compensación y al inmediato y necesario control
poblacional.
Dado que el lobo es patrimonio natural de nuestra comunidad
autónoma, por tanto, debe ser la Junta de Castilla y León la que se
responsabilice del mismo y por lo tanto la conservación y gestión del lobo
debe ser considerada un servicio público.
A este respecto, bajo nuestro parecer, el Plan de Conservación y
Gestión del Lobo debería contemplar, al igual que lo hace el artículo 106.2
de la Constitución Española, “que todos
los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran
en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que tales daños sean
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.
La ALIANZA UPA-COAG recuerda en el escrito registrado hoy que la Junta
de Castilla y León no debe olvidar que los ataques de lobos no solo provocan
importantes perjuicios económicos, una desestabilización de las producciones
y del programa de producción y de cría, sino también un importante y grave
impacto emocional en el ganadero.
Para nuestra organización agraria “La
Junta de Castilla y León debería garantizar que, en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma, los perjudicados sean compensados íntegramente por los
daños que el lobo haya producido a su ganado, abonando directamente y con
cargo a su presupuesto, además del valor de mercado, el lucro cesante y las
pérdidas indirectas inducidas en la explotación como consecuencia del ataque
del lobo.”.
Además en nuestras alegaciones también explicamos que la Administración Autonómica debe controlar la población de lobos, vigilando
especialmente que ésta se circunscriba solo a aquellas áreas donde sea
ecológica y socialmente aceptable, y manteniéndola en un volumen adecuado en
relación a la extensión del territorio y la importancia de la ganadería
extensiva en el mismo.
LA ALIANZA UPA-COAG lamenta que en el proyecto del Plan elaborado por
el Gobierno regional figure una valoración tan sesgada del conflicto que
conlleva la coexistencia con el lobo, criminalizando la actuación del sector
ganadero, y sin reconocer que la problemática se deriva en gran medida de
algo que se reconoce en el propio Plan, y que no es otra cuestión más que el incremento
poblacional del mismo, constatando que el incremento es más notable al Sur
del Duero aumentando el área de distribución en un 34 %.
Además hemos alegado que: “en todo caso, cuando en territorios donde el lobo no
tiene consideración de especie cinegética, por parte de la Administración
Autonómica, o instancia de los interesados, se detecte una zona en la que se
produjeran ataques al ganado que pongan en riesgo la continuidad de la actividad
ganadera, siendo esta actividad el principal motor económico de la zona
afectada, o en el caso de que por su proximidad a núcleos poblados, exista
riesgo para la seguridad de la población, la Dirección General competente en
materia de medio natural deberá autorizar acciones de control poblacional
orientadas a reducir al mínimo posible la presencia de estos animales, para
asegurar así la seguridad de los núcleos de población y evitar la
despoblación del medio rural por el abandono de la actividad ganadera, pilar
de la actividad económica de la zona”.
En este sentido,
para la ALIANZA UPA-COAG resulta fundamental la correcta dotación
presupuestaria de los Panes de actuación anual, ya que unas medidas sin
presupuesto suficiente difícilmente pueden llegar a cumplir su función.
Por otro lado
desde la ALIANZA UPA–COAG consideramos
que el enfoque que desde la Administración se pretende dar fomentando la
imagen del lobo como elemento de desarrollo rural, tan sólo pretende
maquillar los importantísimos problemas que esta especie genera en el medio
rural, no sólo para la ganadería, sino para la población que vive y trabaja
en las zonas rurales, ya que estos animales cada día están más presentes en
las proximidades de los núcleos poblados.
En todo caso,
consideramos que la Junta de Castilla y León debe escuchar la reivindicación
de nuestra organización agraria porque entre otras cosas hemos logrado importantes sentencias judiciales a
favor de los intereses de los ganaderos.
Por este motivo
esperemos que el Gobierno regional actúe con responsabilidad y diligencia, y
haga todo lo que esté en sus manos para que el conflicto no se judicialice
más, dado que con el nuevo Plan de Gestión del Lobo puede ponerse fin a uno
de los graves problemas que los ganaderos siguen sufriendo hoy en día.
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