ÁVILA 8 de abril de 2014
Los agricultores están sufriendo
la picaresca de la empresa Itevelesa que dilata el plazo entre una inspección y
otra para que los agricultores tengan que pagar por partida doble los 33,40
euros de cada ITV.
LA ALIANZA UPA-COAG DE ÁVILA reclama a la Dirección
General de Industria e Innovación de la Consejería de Economía y Empleo que
ponga orden en el problema de las cabinas de los tractores, porque lejos de
estar solucionado sigue generando serios problemas a los agricultores en La
Moraña.
Semanas atrás nuestra organización arrancó el
compromiso de Industria en avanzar para solucionar la situación creada a
numerosos agricultores de la región que están obteniendo resultados
desfavorables en las inspecciones técnicas realizadas a sus tractores.
Esta circunstancia se producía debido a que desde el 1
de enero de 2012, con la aprobación por parte del Ministerio de Industria de la
revisión 7ª del Manual de Procedimiento de Inspecciones de las Estaciones de
ITV, se introducen una serie de modificaciones que afectan al resultado en las
correspondientes Inspecciones Técnicas de Vehículos.
Con la nueva regulación se da la paradoja de que ciertos tractores que contaban con
informes favorables de inspección en años anteriores, sin embargo no consiguen
superar dicha inspección con la nueva regulación, ya que si bien todos ellos
tienen estructuras de protección contra vuelco homologadas, se les ha añadido
algún elemento más que no consta en las especificaciones técnicas del vehículo,
y que implica resultados desfavorables en la inspección, pese a que normalmente
estos añadidos no comprometen la seguridad.
Lo cierto es que a día de hoy la empresa Itevelesa está
aprovechándose de la normativa que emana
de las directrices del Ministerio de Agricultura para recaudar por partida
doble a costa de los agricultores.
Una vez que los afectados han solucionado las
incidencias técnicas acreditando la idoneidad de las cabinas comprueban como al
pasar nuevamente por la estación de la ITV, cumpliendo así con la normativa, se
ven sorprendidos porque se les vuelve a cobrar la tasa de 33, al haber
transcurrido más de dos meses desde la primera inspección, cuestión ésta que es
ajena a la responsabilidad de los propios afectados.
La ALIANZA UPA-COAG exige a la Dirección de Industria
que actúe de inmediato para que no se castigue a los agricultores con el
único afán de que se recaude a su costa
utilizando las diferentes gestiones que deben realizar para obtener el informe
favorable de la ITV.
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