La organización agraria UPA ha mostrado su rechazo a los últimos cambios
en los reales decretos de aplicación de la Política Agraria Común en España. La
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos condena la descoordinación entre
Comisión Europea, Ministerio de Agricultura y Comunidades Autónomas e insta a
Tejerina a “acabar con las incertidumbres”. Los perceptores profesionales
podrían perder millones en ayudas por estos cambios “de última hora”. “Ayudas
que se van a llevar especuladores y absentistas que nada tienen que ver con la
profesión agraria”.
4
de diciembre de 2014. Los
agricultores y ganaderos españoles se enfrentan a una posible reducción de sus
partidas individuales de ayudas de la PAC en beneficio de “absentistas y
agricultores de sofá”. Así lo afirma la organización agraria UPA en una
resolución de su Comité Federal, celebrado ayer en Madrid.
En dicho
documento, UPA critica duramente todo el proceso de elaboración de los textos
definitivos de la PAC en España. “Nos han intentado vender constantemente el
supuesto aumento de presupuesto, en lugar de dar una información veraz y útil a
los agricultores y ganaderos”.
“Hemos tomado
decisiones que afectan gravemente a nuestro trabajo basándonos en información
oficial, y ahora nos dicen que no era definitiva”, explican los agricultores.
“Decisiones productivas para adaptarnos a los requisitos que el Ministerio y
las comunidades han difundido desde hace más de un año. Requisitos que ahora
cambian en el último minuto.”
El pasado
julio, Agricultura difundió los borradores que desarrollaban la PAC en España.
Ahora, a apenas quince días de la aprobación definitiva de los decretos, el
sector ha sabido de cambios importantes en el concepto de regionalización, pero
también en las ayudas acopladas y además hay “amenazas” en la definición de
“agricultor activo”.
Basándose en
las últimas informaciones, UPA critica los requisitos que tendrían que cumplir
los perceptores de ayudas para ser considerados “agricultores activos”. Según
el Ministerio de Agricultura, Bruselas pide ahora que la única condición sea
“algo tan difuso” como que la explotación posea “buenas condiciones”,
eliminando la obligación de que al menos el 20% de los ingresos del perceptor
procedan de la venta del producto, lo que a su juicio “abre de par en par la
puerta a los especuladores.”
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