UPA Y COAG EXIGEN A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN QUE NO DISCRIMINE AL MEDIO RURAL Y NO DESMANTELE EL SISTEMA SANITARIO QUE CUBRE LAS NECESIDADES DE LOS PUEBLOS

Valladolid, 14 de agosto de 2012

La ALIANZA POR LA UNIDAD DEL CAMPO considera un verdadero despropósito que el Gobierno regional lejos de garantizar la igualdad de acceso a servicios públicos, universales, gratuitos y de calidad para todos los ciudadanos, nuevamente penalice a los habitantes del medio rural creando nuevos agravios anunciando el inminente  desplazamiento de 130 sanitarios rurales a las capitales.

La `ALIANZA POR LA UNIDAD DEL CAMPO DE UPA Y COAG´ rechaza firmemente la pretensión de la Junta de Castilla y León de retirar de forma inminente a 130 sanitarios rurales (81 médicos y 49 enfermeras) desplazándolos a las distintas capitales.

Se trata de una ofensiva discriminación hacia los ciudadanos del medio rural, que vuelven a ser los verdaderos paganos de las políticas antisociales a las que nos están sometiendo tanto el Gobierno central como el regional en los últimos tiempos.  

UPA y COAG califican como inaudito este nuevo anuncio que no es más que el intento de revestir bajo la crisis actual el desmantelamiento absoluto de la red pública de Sanidad y otros servicios sociales que con tanto esfuerzo hemos construido en los pueblos. En este sentido debe garantizarse la igualdad de acceso a servicios públicos, universales, gratuitos y de calidad en el mundo rural y no ser discriminados respecto al medio urbano.

LA ALIANZA POR LA UNIDAD DEL CAMPO recuerda al Gobierno autonómico que en relación con los servicios deben prevalecer los criterios sociales sobre los meramente economicistas a la hora decidir las inversiones precisas en equipamientos e infraestructuras. Aplicar la relación “inversión/usuario” condena una vez más al medio rural y  la inversión pública debe tener en cuenta no sólo los aspectos económicos, sino también los sociales, de equilibrio territorial y  de distribución.

Los habitantes de los pueblos no son `una carga´  de la que haya que librarse, sino que su presencia en todo el territorio permite a la sociedad en su conjunto disfrutar de innumerables beneficios, como el cuidado y gestión del territorio, la preservación de la cultura y costumbres tradicionales, así como la garantía de una alimentación sana y de calidad.

La Consejería de Sanidad lejos de acercar los servicios básicos a los pueblos, en aspectos sanitarios y apoyo a las familias con economías más modestas, quiere abrir una brecha social aún mayor entre medio rural y medio urbano. En este sentido su decisión de desplazar a sanitarios rurales lo que refleja es la distinción entre entre ciudadanos de primera y de segunda categoría, lo que no estamos dispuestos a asumir desde UPA y COAG.

En este sentido, recordamos que la estructura poblacional de Castilla y León, con un envejecimiento creciente en todo su territorio, debe ser atendida para que cumpla con el principio de igualdad como derecho constitucional, y todo lo que sea recortar el gasto social, mediante la reducción de las prestaciones supone poner en riesgo el Estado del Bienestar.

El despropósito del Gobierno regional llega hasta un punto en el que resulta inasumible aceptar este Plan de desplazamiento inicial de 130 profesionales y que incluso se quiere ejecutar con más virulencia en el mes de enero con otros 171 médicos y 70 enfermeras, que desaparecerán de los pueblos movilizándolos hacia las ciudades.

UPA y COAG rechazan esta política marcada por la irresponsabilidad y

seguimos defendiendo la gestión pública directa como la mejor fórmula para el acceso universal a los servicios públicos en condiciones de equidad de acceso, tanto en el ámbito rural, como en el urbano, y como garantía de calidad y tutela del ejercicio efectivo de los derechos subjetivos a la salud, educación, y de los servicios sociales.