La eliminación el sistema de cuotas conllevaría la desaparición del régimen de precios mínimos, haciendo totalmente inviable el cultivo de remolacha en los países con mayores costes de producción, como es España.
Dacian Ciolos falsea la realidad al sostener que “la eliminación de las cuotas mejorará las perspectivas del sector a largo plazo, porque podrá competir con los Países en Vías de Desarrollo –PVD-, que ahora disfrutan de exportaciones ilimitadas hacia la UE”. Esto no es cierto, ya que las importaciones desde los PVD (entre ellos Brasil, el mayor exportador mundial) siguen contingentadas; únicamente tienen acceso ilimitado las producciones de los Países Menos Avanzados –PMA-, cuyas exportaciones hacia la UE son mínimas.
La totalidad del sector remolachero-azucarero español, productores e industrias, se ha posicionado claramente a favor del mantenimiento de las cuotas. En consecuencia, esta posición es una exigencia al gobierno que salga de las elecciones del 20N; de no apreciar una voluntad inmediata del nuevo gobierno en este sentido, no descartamos salir a la calle.
COAG y UPA denuncian que tras la supresión de las cuotas de azúcar el 30 de septiembre de 2015 se esconde el interés por desmantelar el tejido productivo de todo el sector remolachero-azucarero de nuestro país, ya que la desaparición de las cuotas conlleva la eliminación del régimen de precios mínimos, y sin un precio atractivo, la producción de remolacha en España estará abocada a la desaparición, pues tiene mayores costes productivos derivados de su necesidad de regar.
Ambos instrumentos, cuotas y precios mínimos, han sostenido la estabilidad de la producción de remolacha y azúcar en la U.E., y su supresión sólo puede interesar a determinados países productores, pero que para España y para Castilla y León, a pesar de estar a la cabeza europea en rendimientos, significaría el desmantelamiento total del tejido productivo asociado a dichas producciones, que son estratégicas para la economía y el empleo en amplias zonas de nuestros regadíos. Por su parte, el consiguiente riesgo de desabastecimiento de la industria tendría graves consecuencias, como la desaparición de numerosos puestos de trabajo o las evidentes repercusiones para los consumidores.
Las intenciones de la Comisión Europea, defendidas por el Comisario Dacian Ciolos, son aún más reprobables cuando además se justifican con datos sesgados o directamente falsos: no es cierto que los PVD disfruten de exportaciones ilimitadas hacia la UE, ya que las importaciones desde estos países, entre los que se encuentra Brasil, que ocupa casi el 70 % de las exportaciones mundiales de azúcar, siguen contingentadas. Únicamente tienen acceso ilimitado las producciones de los PMA, pero cuyas exportaciones en la U.E. son escasamente representativas, al margen de las que se realizan en el marco de los acuerdos preferenciales tradicionales que desde hace décadas se incluyen en el balance de aprovisionamientos de azúcar en Europa.
Para la Alianza por la Unidad del Campo de UPA y COAG, en consonancia con el posicionamiento conjunto de la totalidad del sector remolachero-azucarero español, es totalmente inaceptable la propuesta del Comisario Ciolos. En consecuencia, exigiremos al nuevo gobierno que salga de las elecciones del 20N una posición de estado clara y rotunda en este sentido; es fundamental que el estado español defienda el mantenimiento del sistema de cuotas, con un reparto equitativo de las mismas, y con un sistema de precios mínimos mejorado. Es igualmente necesario que se mantengan las medidas de mercado destinadas a proteger el mercado interior de las fluctuaciones, así como la opción de concesión de ayudas al cultivo hasta 2020, con el objeto de favorecer el incremento de la productividad que asegure la rentabilidad de las explotaciones remolacheras.
COAG y UPA manifestamos que, en caso de no apreciar por parte del gobierno la voluntad inmediata de defender este planteamiento unánime del sector remolachero-azucarero español, no descartamos exigírsela en la calle.
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