Valladolid, 16 de
mayo de 2012
La ALIANZA POR LA UNIDAD DEL CAMPO recuerda que de los
16,8 millones de hectáreas de derechos históricos podrían alcanzarse los 30
millones de hectáreas, lo que provocaría una descenso del 50 % en la Ayuda Base
de la PAC.
La `ALIANZA POR LA
UNIDAD DEL CAMPO´, que forman UPA y
COAG, ha pedido que se fijen como años de referencia la superficie media de los
años 2009 y 2010 para marcar las hectáreas admisibles para el pago de la Ayuda
Base de la PAC.
Una vez conocida la
propuesta presentada por la Comisión Europea cada año se incrementa el número
de hectáreas de forma desmesurada, lo que puede provocar que en el año 2014,
fijado por la Comisión como referencia, se podrían alcanzar los 30 millones de
hectáreas, lo que a su vez provocaría una reducción del 50 % en el importe a
percibir como Ayuda Básica.
UPA y COAG recuerdan
que los estados miembros son los que tienen las competencias de fijar las
normas que corrijan estas variaciones en la superficie admisible, así como el
importe por hectárea, diferenciando el regadío del secano o las tierras
productivas del cultivo de pastos, por ejemplo.
También estamos a la
espera de conocer cómo se fijan las posiciones en el sistema de ayudas para que
haya elementos diferenciadores a favor de los agricultores y ganaderos
profesionales que trabajan directamente la tierra y viven fundamentalmente de
esta actividad.
Por este motivo UPA
y COAG piden que se defina claramente quién es agricultor y/o ganadero activo
dado de alta en el Régimen Agrario de la Seguridad Social, y cuya dedicación
mayoritaria sea la actividad agraria.
En este contexto,
recordamos que recientemente hemos vuelto a conocer cómo los mayores
perceptores de los pagos compensatorios de la PAC no viven en los pueblos ya
que el domicilio social de estas empresas se encuentran por ejemplo en el Paseo
de la Castellana de Madrid.
LA ALIANZA POR LA
UNIDAD DEL CAMPO recuerda que la
sociedad civil no puede entender que los ayuntamientos, constructoras,
conventos, inmobiliarias… etc… sean las mayores perceptoras de los pagos
compensatorios en igualdad de condiciones que un agricultor o ganadero
profesional.
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