Valladolid, 13 de febrero
de 2013
La Alianza UPA-COAG considera muy negativo que el
Anteproyecto de Ley Agraria elimine la figura del “Agricultor a Título Principal”, cuando éste ha sido el eje central
de las propuestas apoyadas por el sector en las recientes elecciones a cámaras
agrarias.
Asimismo, criticamos la ausencia de una memoria
económica que pueda dar soporte y credibilidad al conjunto de los objetivos que
se persiguen (incorporación de jóvenes,
reconocimiento y fomento del papel de la mujer, formación de los profesionales,
o I+D+i, entre otros). Sin presupuesto, la Ley se convertirá en un mero
ejercicio de voluntarismo político sin consecuciones prácticas para el
desarrollo de las explotaciones agrícolas y ganaderas en Castilla-León.
Como aspectos que consideramos interesantes, están el reconocimiento
por ley del carácter estratégico del sector agrario, el intento de agrupar en
un solo cuerpo normativo leyes ahora dispersas, la creación del Registro de
Explotaciones o el objetivo de lograr una distribución justa y eficiente de los
costes y beneficios de la cadena de valor, (precios
justos para el productor.
La ALIANZA POR LA
UNIDAD DEL CAMPO UPA-COAG valora como interesantes algunos de los aspectos
contenidos en el Anteproyecto de Ley Agraria que nos remitió la Consejería de Agricultura
y Ganadería a finales de la pasada semana. A este respecto, criticamos que el
avance del citado Anteproyecto sólo fue conocido por los representantes del
sector a través de los medios de comunicación.
Ambas
consideraciones previas se han trasladado a la consejera de Agricultura, Silvia
Clemente, en el Consejo Regional Agrario celebrado esta misma mañana en
Valladolid.
Por lo que se
refiere a los objetivos del Anteproyecto de Ley, pese a reconocer que pretende
sustentar el carácter estratégico del sector agrario y la industria
agroalimentaria para la economía regional, adolecen de una orientación clara en
favor de los agricultores y ganaderos a titulo principal y del modelo social de
agricultura que defendemos desde la ALIANZA UPA-COAG. Especialmente llamativa
es la ausencia de la definición de ATP en el articulado, cuando la defensa del
ATP ha sido el eje central de las propuestas apoyadas por el sector en las
recientes elecciones a cámaras agrarias. En este sentido, hemos trasladado a
Silvia Clemente en el Consejo Regional Agrario nuestra preocupación porque se pongan
en igualdad de condiciones en este anteproyecto de Ley a los “productores de sofá” o inmobiliarias
con los verdaderos ATP, máxime en un marco socioeconómico como el actual, donde
urge garantizar la viabilidad y permanencia de las explotaciones profesionales,
el desarrollo de la actividad y la producción agraria de calidad.
La pretensión que la
nueva Ley tiene de agrupar en un solo cuerpo normativo el conjunto de
disposiciones autonómicas con rango de ley que son necesarias para un adecuado
desarrollo de la actividad y producción agraria, si bien es un planteamiento de
entrada positivo, no significa necesariamente que con este Anteproyecto pueda
llegarse a conseguir, ya que es necesario hacer un riguroso estudio comparativo
con normas de ámbito estatal y comunitario que competen a su contenido, así
como si competencialmente no se excede respecto a las mismas. LA ALIANZA
UPA-COAG también ha pedido más claridad en el texto a la hora de recoger el
modo de coordinar agricultura con otras consejerías de las que depende también
la actividad diaria de los productores agrarios, como pueden ser Fomento y
Medio Ambiente o Hacienda, entre otras.
Llama igualmente la atención que este Anteproyecto de
Ley no contenga una memoria económica que pueda dar soporte y credibilidad al
conjunto de los objetivos que se persiguen (incorporación
de jóvenes, reconocimiento y fomento
del papel de la mujer, formación de los profesionales o I+D, entre otros), teniendo en cuenta
que la disposición de recursos económicos será fundamental para un eficaz
desarrollo de los mismos. En caso contrario, se convertirá en un mero ejercicio
de voluntarismo político sin consecuciones prácticas para el desarrollo de las
explotaciones agrícolas y ganaderas en Castilla-León.
De igual modo hemos
alertado sobre las intenciones que contempla el texto en relación a las
aportaciones económicas del sector privado en materia de infraestructuras
agrarias, lo que deja entrever una cofinanciación que en cualquier caso
rechazamos.
En las valoraciones
realizadas por nuestra organización queremos resaltar la importancia de que se
recoja por fin un concepto como es el del banco de tierras, reivindicación
histórica de la ALIANZA UPA-COAG. Sin embargo, tal y como aparece en el Anteproyecto
de Ley vemos serias dificultades de que cumpla los objetivos para facilitar la
incorporación de jóvenes así como el dimensionamiento de las explotaciones
profesionales, al carecer de medidas eficaces para nutrir al citado banco de
tierras.
Para la ALIANZA UPA-COAG, lograr una distribución justa
y eficiente de los costes y beneficios de la cadena de valor, en favor de los
agricultores y ganaderos castellano-leoneses (precios justos para el productor), es fundamental. Por ello, la
creación de la figura del Defensor de la cadena agroalimentaria y la
posibilidad de crear organizaciones interprofesionales agroalimentarias cuyo
ámbito sea la Comunidad de Castilla-León, que recoge este Anteproyecto de Ley,
no será suficiente si la política agraria en nuestra región y en nuestro país
no ejerce un efectivo control en el mercado de los productos agroalimentarios
procedentes de países terceros (la misma trazabilidad y seguridad alimentaria
que se nos exige a los agricultores y ganaderos de Castilla-León), así como la
aplicación de nuevos sistemas de intervención pública para evitar el
hundimiento de los precios.
Por último, desde
nuestras organizaciones ya adelantamos que realizaremos un exhaustivo trabajo
de análisis y propuestas para presentar, en los plazos que se establezcan,
importantes alegaciones con el fin de mejorarla y completarla sustancialmente.
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