martes, 1 de octubre de 2013

LA ALIANZA UPA-COAG NO DESCARTA RECURRIR A LA VÍA JUDICIAL PARA QUE LA JUNTA CUMPLA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO E INDEMNICE LOS DAÑOS DEL LOBO



Valladolid, 27 de septiembre de 2013

La Consejería de Medio Ambiente desvía la atención convocando en las últimas horas las ayudas para cubrir la franquicia de los seguros contra ataques de lobos, pero sigue sin agilizar las indemnizaciones directas que está obligada a pagar a los ganaderos al sur del Duero, tras la sentencia firme del pasado mes de marzo que ganó la ALIANZA UPA-COAG
 La ALIANZA UPA-COAG recuerda a la Consejería de Medio Ambiente que además de publicar la convocatoria de ayudas que cubren la franquicia de quien tenga suscrito un seguro, como ha hecho en las últimas horas, debe responder a las indemnizaciones directas que está obligada a asumir desde el pasado mes de marzo como dicta la sentencia firme del Tribunal Supremo.
                                                                                                    
Desde entonces, nuestra organización lleva solicitando máxima agilidad a la Junta de Castilla y León para que pague vía patrimonial a los ganaderos que al sur del Duero hayan sufrido algún ataque de lobos, tal y como han dictado los tribunales de Justicia.

Tras más de seis meses publicada la mencionada sentencia, la Consejería de Medio Ambiente sigue sin abonar ni un solo expediente de denuncia, por lo que la ALIANZA UPA-COAG no descarta recurrir a la vía judicial para solicitar la urgente puesta en marcha de las correspondientes indemnizaciones.

No vamos a parar ni un instante en exigir lo que les corresponde a los ganaderos, y menos tras el duro proceso judicial que tantos años duró y que finalmente los tribunales de justicia dieran la razón a LA ALIANZA UPA-COAG sobre los derechos que tienen los ganaderos a percibir los daños que les ocasione en este caso una especie protegida como es el lobo al sur del Duero.

Por este motivo, vamos a seguir muy vigilantes, y si es necesario recurrir a la vía judicial, para que el Gobierno regional pague inmediatamente lo que le corresponde, y no intente convertir en papel mojado la mencionada sentencia del Tribunal Supremo eludiendo la responsabilidad que como Administración les alcanza.




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